"(,..) los intereses económicos de las grandes empresas han estado siempre vinculados a los Estados, de una u otra forma, desde el Comité de los 21 de la República Holandesa hasta las grandes compañías inglesas de comercio y a las corporaciones transnacionales norteamericanas de hoy. Sin embargo, las megaempresas actuales no tienen cómo transformarse en organismos legislativos y sancionadores legítimos, o sea aceptados por la sociedad, que serán siempre indispensables mientras haya competencia y conflictos entre empresas, grupos sociales, étnicos y religiosos, etc. Las principales funciones del Estado – además de la defensa del territorio y de su soberanía – son legislar, o sea, crear normas de conducta; sancionar, o sea condenar a los violadores de esas normas; dirimir conflictos sobre su interpretación y, finalmente, defender los intereses de sus nacionales y de sus empresas cuando éstas se encuentren bajo jurisdicción extranjera. Estas funciones estatales son radicalmente distintas de las funciones de las empresas, que consisten en producir y distribuir bienes de forma privada, a partir del mercado".
Ver PINHEIRO GUIMARAES, Samuel Cinco siglos de Periferia. Una contribución al estudio de la política internacional. Prometeo, Buenos Aires, 2006.
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